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«By David»
La contradicción del HUC: exigir especialidades y olvidar quién atenderá mañana las Urgencias
La reciente información publicada sobre la situación de las Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha abierto un debate que merece ser abordado con rigor, responsabilidad y sin simplificaciones.
Según los datos difundidos, una parte importante de los médicos que ejercen en el servicio no dispone de una especialidad reconocida vía MIR o equivalente. Si efectivamente existen incumplimientos normativos o situaciones administrativas irregulares, es razonable exigir que se revisen y se adopten las medidas oportunas. La sanidad pública debe funcionar dentro de la legalidad y con las máximas garantías para pacientes y profesionales.
Sin embargo, una vez asumido ese principio, surge una pregunta inevitable: ¿quién atenderá a los pacientes si desaparecen de golpe esos profesionales?
La propia realidad que se describe habitualmente sobre las Urgencias canarias habla de saturación crónica, largas esperas, escasez de personal y una presión asistencial que muchos trabajadores califican de insoportable. Si mañana se apartara a decenas de médicos por carecer de una determinada acreditación, quedarían muy pocos facultativos para sostener uno de los servicios más exigentes del sistema sanitario canario.
Y aquí aparece una contradicción que merece ser señalada.
Resulta perfectamente legítimo denunciar posibles irregularidades. Lo que resulta mucho más difícil es explicar quién ocupará esas plazas cuando, desde hace años, la sanidad pública tiene enormes dificultades para atraer y retener profesionales dispuestos a trabajar en servicios de Urgencias sometidos a semejante nivel de presión.
No basta con señalar un problema. También hay que ofrecer una solución viable.
El peligro de convertir testimonios en verdades absolutas
Otro aspecto especialmente delicado del debate es la utilización de determinados testimonios que aparecen recogidos en la información publicada.
Entre las afirmaciones más llamativas se encuentran aquellas que sugieren que médicos residentes terminan explicando cuestiones clínicas a médicos adjuntos o que profesionales sin especialidad reconocida estarían asumiendo funciones para las que no estarían capacitados.
Si existen hechos concretos que puedan constituir negligencias, riesgos para la seguridad del paciente o incumplimientos graves de la normativa sanitaria, esos hechos deben ser investigados por las autoridades competentes y, si procede, por la vía administrativa, disciplinaria o incluso judicial.
Pero convertir acusaciones o percepciones individuales en conclusiones generales exige una enorme prudencia.
No parece razonable presentar afirmaciones de semejante gravedad como si fueran hechos plenamente acreditados sin que exista una investigación oficial que las respalde. Cuando se habla de la calidad profesional de médicos concretos o de la seguridad asistencial de un hospital público, el nivel de exigencia probatoria debería ser máximo.
La reputación profesional de decenas de personas no puede quedar condicionada únicamente por testimonios o valoraciones subjetivas.
La experiencia también cuenta
Además, existe una cuestión que rara vez se menciona en este tipo de debates.
La medicina es una profesión donde la formación reglada es fundamental, pero también lo es la experiencia acumulada durante años de práctica clínica.
No es una realidad extraña que un médico joven con una determinada especialidad conozca aspectos más actualizados de un campo concreto que otro profesional con más años de experiencia. Tampoco es extraño que profesionales sin una determinada acreditación formal hayan desarrollado conocimientos muy sólidos en áreas específicas tras años de trabajo asistencial.
La transmisión de conocimiento en medicina no siempre sigue una dirección jerárquica única. En hospitales de todo el mundo es habitual que residentes, adjuntos, especialistas y otros profesionales intercambien conocimientos de forma constante.
Por eso resulta especialmente arriesgado extraer conclusiones generales sobre la capacidad profesional de un colectivo completo a partir de anécdotas o testimonios aislados.
El verdadero problema
La cuestión de fondo no es únicamente quién tiene o no tiene una especialidad reconocida.
La verdadera pregunta es por qué el sistema sanitario canario ha llegado a una situación en la que necesita recurrir a estos profesionales para mantener funcionando servicios esenciales.
Si las condiciones laborales fueran atractivas, si existiera suficiente oferta de especialistas y si los profesionales quisieran ocupar esas plazas, probablemente este debate ni siquiera existiría.
Por eso, aunque es imprescindible garantizar el cumplimiento de la normativa y asegurar los máximos estándares de calidad asistencial, también es necesario afrontar la realidad: expulsar profesionales sin tener reemplazos preparados puede resolver un problema administrativo mientras agrava un problema asistencial mucho mayor.
Los pacientes no necesitan únicamente normas bien redactadas. Necesitan médicos disponibles cuando cruzan la puerta de Urgencias.
Y cualquier reforma que ignore esa realidad corre el riesgo de empeorar precisamente aquello que pretende solucionar.