ASEMEG
ASEMEG activa el amparo de los Defensores del Pueblo frente a la inseguridad jurídica en Urgencias
Porque cuando la Administración incumple sentencias firmes, alguien tiene que dar un paso al frente
En ASEMEG llevamos tiempo diciendo lo que hoy ya es evidente: la inseguridad jurídica que sufren los médicos de urgencias no es casual, ni técnica, ni inevitable. Es el resultado directo de la inacción del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, y de la connivencia —activa o pasiva— de las Comunidades Autónomas, que siguen mirando hacia otro lado mientras se incumplen sentencias firmes del Tribunal Supremo.
Por eso hemos dado un paso más.
ASEMEG ha solicitado formalmente el amparo de los Defensores del Pueblo autonómicos y estatal, y hoy podemos afirmar algo muy relevante: nuestras solicitudes ya empiezan a ser admitidas a trámite, entre otros, por el Defensor del Pueblo y por el Defensor del Pueblo Andaluz.
Esto no es retórica. Es Derecho.
¿Por qué hemos acudido a los Defensores del Pueblo?
Porque estamos ante un supuesto claro de mala administración.
- Existe una sentencia firme del Tribunal Supremo (STS nº 552/2025) que declara discriminatorio el diseño del acceso extraordinario a la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE).
- Esa sentencia reconoce expresamente el derecho de miles de médicos —post-95 y con títulos homologados— a participar en el proceso de reconocimiento de la especialidad.
- Y, pese a ello, el Ministerio de Sanidad no ha ejecutado la sentencia, manteniendo deliberadamente un escenario de inseguridad jurídica que se proyecta directamente sobre las CCAA.
Las Comunidades Autónomas, lejos de exigir el cumplimiento de la legalidad, siguen convocando OEP, contratando y organizando servicios como si la sentencia no existiera. Ese silencio no es neutral. Es connivencia.
No es un problema corporativo. Es un problema de Estado de Derecho
Conviene decirlo claro, porque algunos prefieren embarrar el debate:
- Esto no es una guerra entre especialidades.
- Esto no es un ataque al sistema MIR.
- Esto no es una reivindicación corporativa.
Esto va de algo mucho más básico:
👉 el cumplimiento de sentencias firmes del Tribunal Supremo
👉 la seguridad jurídica de los profesionales
👉 y la seguridad asistencial de los pacientes
Cuando una Administración incumple una sentencia y nadie responde, el problema deja de ser sectorial y pasa a ser institucional.
Por eso los Defensores del Pueblo han considerado que hay materia suficiente para intervenir. Porque aquí no hablamos solo de derechos profesionales, sino de interés general.
Décadas sosteniendo Urgencias… y ahora el vacío administrativo
Los escritos de amparo presentados por ASEMEG describen una realidad que muchos intentan invisibilizar:
- Médicos con décadas de experiencia real en urgencias hospitalarias y extrahospitalarias.
- Profesionales que sostuvieron el sistema durante la pandemia y mucho antes.
- Y que hoy se ven desplazados, excluidos o precarizados no por falta de capacitación, sino por la inaplicación consciente de una sentencia firme.
El resultado es un déficit artificial de profesionales, turnos descubiertos, sobrecarga asistencial y un deterioro progresivo de la atención urgente. No porque falten médicos, sino porque se está expulsando del sistema a quienes tienen derecho a estar.
A los indecisos: esto es lo que hace una asociación cuando funciona
ASEMEG no se limita a comunicados ni a declaraciones bienintencionadas.
- Hemos alegado cuando tocaba alegar.
- Hemos litigado cuando hubo que litigar.
- Hemos ganado en el Tribunal Supremo.
- Y ahora estamos activando todos los mecanismos de control institucional, incluido el amparo de los Defensores del Pueblo.
Y sí: también negociamos.
Pero la negociación solo es útil cuando se apoya en fuerza jurídica, coherencia y determinación.
Quien espere que esto se diluya con el tiempo, se equivoca.
El mensaje es claro: la campaña no se detiene
ASEMEG ha iniciado una estrategia sostenida y multilateral para lograr el cumplimiento íntegro y efectivo de las sentencias del Tribunal Supremo.
Eso implica:
- acción jurídica,
- presión institucional,
- negociación a múltiples niveles,
- y uso de todos los recursos legales disponibles.
No vamos a parar.
No vamos a mirar hacia otro lado.
Y no vamos a aceptar atajos administrativos que consoliden una injusticia declarada por los tribunales.
Si aún dudas si afiliarte, pregúntate esto
¿Quién está dando la batalla cuando otros guardan silencio?
Incluso si ASEMEG logra desencallar el acceso a la especialidad para el conjunto del colectivo, es previsible que se produzcan actuaciones torticeras que afecten individualmente a los profesionales, un camino que puede recorrerse acompañado por los recursos jurídicos y el respaldo institucional de ASEMEG, o en solitario, quedando expuesto al desconocimiento, la inacción o la arbitrariedad del técnico de turno.
ASEMEG.
En defensa de la legalidad, la seguridad jurídica y la dignidad profesional de los médicos de urgencias.
Los Defensores del Pueblo, tanto a nivel Estatal como en diversas Comunidades Autónomas ya tienen en sus manos la solicitud de ASEMEG para que estudien y llegado el caso intervengan para hacer valer los derechos que los médicos Post95 no MIR han ganado por Sentencias del Tribunal Supremo, en concreto y específicamente la STS 552/2025.
Como hemos explicado por activa y por pasiva, no es tolerable que desde el Ministerio de Sanidad continúen con los brazos cruzados, sin articular las vías para el acceso de la Especialidad de Medicina de Urgencia y Emergencia. Con ello son plenamente conscientes de que están provocando una clara INSEGURIDAD JURIDICA, LABORAL Y PROFESIONAL, a miles de médicos que son absolutamente necesarios pata un funcionamiento normal de los Servicios de Urgencias en este país.
Miles de médicos tienen reconocidos los derechos por sentencia judicial y estos derechos son negados en la práctica por los responsables ministeriales, entre otras cosas al poder acceder a un claro proceso extraordinario a la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE). Ello no se debe permitir más.
El Ministerio de Sanidad no ejecuta la citada Sentencia y las Comunidades Autónomas miran para otro lado, excluyendo de paso a miles de profesionales, a los cuales someten a altas dosis de precariedad, desproporcionada para profesionales que llevan décadas en los mismos puestos de trabajo, provocando de paso mayores problemas y déficits que afectan la propia calidad asistencial en Urgencias.
Todo ello deberá ser sometido a consideración por el Defensor del Pueblo, al igual que los efectos en las distintas Comunidades Autónomas, por parte de los Defensores regionales. Para eso existen esos Defensores, para que las administraciones y el propio Ministerio de Sanidad cumplan con sus obligaciones legales y dejen de perjudicar a los profesionales y a los ciudadanos, en su asistencia sanitaria.